El gobierno español reactivó esta semana las negociaciones para impulsar una nueva medida: la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permitiría regularizar a alrededor de 470.000 inmigrantes que residen en el país sin papeles.
Se trata de la mayor propuesta de regularización desde 2005 y podría suponer un cambio estructural en la política migratoria de España.
La ILP, impulsada por organizaciones sociales y respaldada por más de 700.000 firmas ciudadanas, había permanecido bloqueada en el Congreso durante más de un año. Sin embargo, en septiembre de 2024 la Mesa del Congreso desbloqueó su tramitación parlamentaria al poner fin a las sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas.
El borrador que se discute actualmente, promovido por el grupo parlamentario socialista, propone establecer una “autorización por circunstancias excepcionales única” que permitiría a los inmigrantes que ya estuvieran en territorio español antes del 31 de diciembre de 2024 obtener permisos de residencia y trabajo.
Los criterios específicos para acceder a esta autorización se definirán mediante un real decreto, y se espera que incluyan condiciones como la carencia de antecedentes penales, la situación de vulnerabilidad y la capacidad de demostrar una permanencia continuada en el país.
Este impulso legislativo se produce en paralelo a la implementación del nuevo Reglamento de Extranjería, una reforma que, si bien pretende flexibilizar el acceso a permisos, fue criticada por organizaciones humanitarias y el Defensor del Pueblo por dejar fuera a amplios sectores de población, incluidos solicitantes de asilo que abandonaron sus trámites y migrantes en situación precaria.
El gobierno reconoce estas limitaciones y ve en la ILP una vía para atender casos que el reglamento no contempla. Desde noviembre de 2024, diversas ONG han alertado sobre los efectos negativos de la normativa sobre colectivos especialmente vulnerables, como los menores no acompañados o quienes enfrentan barreras administrativas insalvables.
La exposición de motivos del borrador subraya el papel fundamental de la migración en la historia española, recordando tanto la emigración masiva del pasado hacia América Latina y Europa como el presente de España como país receptor.
“Nuestro país ha dejado de ser una tierra de tránsito para convertirse en un destino de acogida”, destaca el documento.
Mientras los partidos debaten los detalles del texto final, el movimiento Regularización Ya expresó su inquietud por la lentitud del proceso y advirtió sobre la aparente falta de voluntad política para avanzar con celeridad. Los impulsores de la iniciativa consideran que el retraso responde más a decisiones políticas que a obstáculos técnicos o jurídicos.
Si finalmente es aprobada, la medida no solo supondría el reconocimiento institucional a miles de personas que ya forman parte del tejido social y económico español, sino que también representaría un paso decisivo hacia una mayor inclusión.
Para quienes viven desde hace años sin papeles, en condiciones de precariedad, esta regularización podría significar el inicio de una vida con derechos plenos.
FUENTE: canal26.com
Redacción
|
redaccion@airesdelinterior.com
